martes, 30 de septiembre de 2014

El TC y el Govern toman sus armas para vencer en el 9-N


Baile de acciones del TC y del Govern sobre el debate soberanista de Catalunya / La Vanguardia
Elena Olmos - Ni el Tribunal Constitucional (TC) ni el Govern de la Generalitat perdieron el tiempo en lo que se refiere a la posible creación de Catalunya como estado independiente. Ayer, justo un día después de que se produjera la firma del decreto de convocatoria de Mas, el TC admitía el recurso del Gobierno que paraliza la ley de consultas que propuso el presidente de la Generalitat. Con este acto, el TC pone freno e ilegaliza la convocatoria del referéndum del 9-N, suponiendo éste un delito de desobediencia si finalmente se lleva a cabo. En el día de hoy, el Govern ha ‘movido ficha’ al anular la campaña política de la consulta independentista.    
El tira y afloja entre el gobierno central y la Generalitat continúa. Ambas entidades se ponen manos a la obra en esta semana tan intensa para la política española.

El TC le para los pies a Mas

El TC pone freno e ilegaliza la ley de consultas y la convocatoria del referéndum, suspendiendo ambas de forma automática desde ese momento y durante un periodo de 5 meses. Así pues, cualquier acto para promocionar la consulta supondría incurrir en un delito de desobediencia, según informa el comunicado oficial del Pleno del Tribunal Constitucional ya que cataloga la consulta como inconstitucional.

El Govern responde

Por su parte, el gobierno catalán continúa con determinación su proyecto soberanista. El Govern quiere tirar adelante con el proceso, y por eso, ayer aprobaba un acuerdo para promover la legalidad de la consulta, siendo ésta necesaria para garantizar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre el futuro político de Catalunya. En el día de hoy, además, ha solicitado al TC el levantamiento de la suspensión cautelar de la ley de consultas al mismo tiempo que anulaba la campaña de publicidad institucional del referéndum para, según el portavoz de Govern, Francesc Homs, "proteger y garantizar la seguridad jurídica de los funcionarios de los medios públicos catalanes”. Homs rechaza que este acto sea “dar un paso atrás” y desea que también en este caso, el TC sea tan veloz para estudiar el recurso y posicionarse. Desde ahora, el Govern dispone de quince días -en el caso del recurso contra la ley- y de veinte -en el caso del decreto- para formular alegaciones contra la decisión del TC.   

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